ELISABETH ESCOBAR
Analista del SAT para el Valle del Cauca.
El ejercicio del SAT se basa en el establecimiento de los escenarios de riesgo a causa de la dinámica del conflicto armado en el Valle del Cauca; para ello se emiten informes de riesgo, en los últimos cuatro años se han emitido tres en el departamento: 2008 para Buenaventura, 2009 para El Dovio, y 2010 para Tulúa.
En el 2011 los escenarios de riesgo que requieren de seguimiento se encuentran a lo largo del departamento a causa de los atentados, amenazas a líderes, desapariciones forzadas, desplazamientos, enfrentamientos, homicidios, reclutamientos forzados, distinguiendo:
NORTE: El Águila, Bolívar, Cartago, El Dovio, Riofrío, Roldadillo, Trujillo, Versalles.
CENTRO: Buga, Bugalagrande, San Pedro, Tulúa.
SUR: Cali, Florida, Pradera.
BUENAVENTURA: Alerta Roja
“Los grupos armados ilegales en el Valle del Cauca han encontrado nuevas estrategias para la intimidación durante los periodos electorales”
DIEGO ARIAS
Coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en el Valle del Cauca
Con la posible aprobación de la Ley 975 en los meses de junio y julio, el reto para el gobierno con la política de atención y restitución de las víctimas no se encuentra solo en relación a lo económico y las tierras, sino también a que se lleve a cabo aún en medio del conflicto; lo cual implica la promoción de procesos organizativos que permitan disminuir los atentados contra los líderes y lideresas que afectan su unión y accionar.
“No es sólo visibilizar, se requiere de seguridad y garantías, es decir, de protección”
IRMA TULIA ESCOBAR
Lideresa de la Fundación Esperanza y de la Mesa municipal de organizaciones víctimas de Tuluá.
La ley 975 se ha quedado en un texto bonito que no refleja la realidad de las víctimas de desplazamiento; especialmente en relación a las persecuciones que sufren, y la ausencia de atención en salud, vivienda, denuncias, enfoque diferencial, y el respaldo y protección por parte del Estado, porque las violaciones al DIH siguen en la región.
ALDEMAR DÍAZ
Líder del movimiento indígena Nasa Kiwe y de la Mesa municipal de organizaciones víctimas de Tuluá.
El mayor impacto que ha tenido el desplazamiento sobre las comunidades como los grupos indígenas, es la incidencia y modificación que ejerce sobre la identidad; la cual se ve afectada por el conflicto a causa del cambio del campo y la tierra por la ciudad, en donde las costumbres y prácticas no siempre tienen lugar.
“El daño causado nunca lo podremos reparar ni alguien lo podra reparar; y mucho menos con un cheque, cuatro cobijas y cuatro ollas”
ÁLVARO SEPÚLVEDA
Director ejecutivo de la Asociación Escuela Ciudadana
Se podría considerar la Ley de Justicia y Paz como un fracaso, por el incumplimiento de los paramilitares y el gobierno en donde no se ha alcanzado la verdad que prometía; y si no se toman medidas al respecto la Ley de víctimas no será la excepción.
Descargar presentación (Escuela Ciudadana)
CARLOS ANDRES RAMÍREZ
Coordinador del Programa de atención a víctimas afectadas por el conflicto armado para el Valle del Cauca de la Corporación Nuevo Arco Iris
Las claves para el análisis de la Ley de víctimas se encuentran en los articulos 29, 31, 43, 49, 193 y 198: de tal forma que la atención represente el principio a alcanzar y la asistencia su propósito final.
“La sociedad civil se debe dirigir hacia la construcción de la democracia y el desarrollo de opciones civilistas y pacifistas”
Descargar Presentación (Corporación Nuevo Arco Iris)
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